Un contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Francisco Cardama mantiene abiertas varias interrogantes sobre la transparencia del proceso y la capacidad real de la empresa para cumplir con la entrega de dos patrulleras oceánicas (OPV).
La discusión comenzó cuando la Embajada de España en Montevideo remitió una carta al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en la que presentaba a Cardama como un astillero “fiable y conocido”, con supuestos antecedentes de trabajo para organismos públicos españoles vinculados a la defensa y la seguridad. Sin embargo, en el historial público de la empresa no aparecen evidencias de construcciones militares o policiales, lo que generó dudas sobre la veracidad de esas afirmaciones y sobre los controles aplicados por el Estado uruguayo antes de la adjudicación.
Pagos adelantados y compromisos financieros
El contrato se firmó en diciembre de 2024. Desde entonces, se han efectuado desembolsos significativos:
Diciembre de 2024: alrededor de 8,4 millones de euros, equivalentes al 10 % del monto total.
Marzo de 2025: un segundo pago por la misma cifra, realizado sin la debida comunicación al ministerio, lo que derivó en sanciones internas.
Junio de 2025: un tercer pago de aproximadamente 12,4 millones de euros.
En total, el Estado ya ha desembolsado unos 29 millones de euros, lo que representa cerca del 36 % del valor global del contrato.
Plazos y riesgos
De acuerdo con las cláusulas contractuales, el primer buque debería estar entregado en agosto de 2026. Sin embargo, críticos advierten que, si el astillero no posee la experiencia que se le atribuyó, existe el riesgo de que los plazos se incumplan o que el Estado uruguayo quede expuesto a problemas financieros y contractuales.
Un debate abierto
Por el momento, el gobierno mantiene el acuerdo en curso. No obstante, el episodio instaló un debate sobre la seriedad de las evaluaciones previas, el rol de la representación diplomática española en la recomendación de la empresa y la necesidad de mayor transparencia en procesos de contratación de esta magnitud.
La atención ahora se centra en el cumplimiento del cronograma de construcción y en las garantías que aseguren que la inversión se traduzca efectivamente en nuevas unidades operativas para la Armada Nacional.
