MONTEVIDEO. La empresa portuaria Montecon presentó una demanda internacional contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamando hasta 600 millones de dólares en concepto de daños por el acuerdo firmado entre Uruguay y la firma belga Katoen Natie.
Acuerdo bajo la lupa
El conflicto se originó en 2021, cuando el gobierno uruguayo amplió la concesión a largo plazo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie. El nuevo contrato extendió la exclusividad operativa hasta 2081 e incluyó una inversión anunciada de más de US$ 450 millones.
Montecon, cuyo accionariado pertenece a los grupos Ultramar (Chile) y ATCO (Canadá), considera que esta decisión generó un monopolio de facto, limitando su capacidad operativa en el puerto de Montevideo y vulnerando los principios de libre competencia.
Impacto económico
Según los documentos presentados, Montecon sufrió una reducción del 40 % en su margen bruto, una caída del 69 % en su resultado operativo y una pérdida del 71 % en las utilidades netas en el año 2022. La empresa sostiene que estas cifras reflejan un trato discriminatorio en violación de tratados bilaterales de inversión.
Dos arbitrajes en curso
Además de la demanda principal por parte del consorcio Montecon, la canadiense ATCO presentó una demanda paralela por aproximadamente US$ 240 millones. Ambos procesos fueron admitidos por el CIADI y ya se conformó el tribunal que llevará adelante el análisis del caso.
Este se convierte en el quinto arbitraje internacional que enfrenta Uruguay en el marco del CIADI, lo que genera preocupación en el ámbito económico y diplomático por el posible impacto sobre futuras inversiones extranjeras.
Posibles repercusiones
El caso ha generado debate dentro del sector logístico y político del país. Mientras el gobierno defiende la legalidad del acuerdo con TCP como parte de una estrategia de modernización portuaria, Montecon advierte que el perjuicio sufrido compromete seriamente la imagen institucional de Uruguay como destino confiable para inversiones extranjeras.
