Estados Unidos atraviesa un nuevo cierre parcial del gobierno federal, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto para el nuevo año fiscal. La medida afecta a unos 750.000 empleados públicos, que permanecerán suspendidos o trabajando sin cobrar hasta que se destrabe la situación política.
Durante el cierre, conocido como shutdown, los servicios considerados esenciales —como la seguridad nacional, el control aéreo, la atención médica de urgencia y las fuerzas armadas— siguen funcionando, aunque con limitaciones de personal y demoras administrativas.
En cambio, organismos como museos, parques nacionales y oficinas federales no críticas permanecen cerrados.
El presidente y el Congreso mantienen negociaciones contrarreloj para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el gobierno. En esta ocasión, además, surgió un debate legal sobre el pago retroactivo a los empleados afectados, ya que la Casa Blanca ha cuestionado la interpretación de una ley de 2019 que garantizaba esos salarios una vez levantado el cierre.
Según analistas políticos, el shutdown podría tener impacto en la economía estadounidense si se prolonga más de una o dos semanas, afectando el consumo interno y retrasando programas públicos clave.
